Tras la suspensión momentánea del desmonte en un predio ubicado en San Antonio donde está proyectado el emprendimiento de la firma GAMA El Gran Dorado, la asesora letrada de la organización ambientalista ADARSA apuntó a la Provincia, la empresa y el Departamento Ejecutivo de San Antonio. Marcela Fernández, hoy funcionaria municipal pero conocida por su lucha junto a vecinos de Sol y Río por la erradicación de la planta de EPEC (lindante al terreno que GAMA comenzó a desmontar en enero pasado) cargó contra la Municipalidad vecina, argumentando que violó reglamentaciones de la propia localidad y que otorgó una factibilidad inexistente. "La Municipalidad de San Antonio tiene responsabilidad porque otorga una factibilidad nula, basada en una resolución inexistente y violando y desconociendo las disposiciones de las propias resoluciones de la comuna (1008/2005) que establece que los lotes deben tener 2.500 metros como mínimo con una unidad de vivienda. Esto tampoco lo respetaron", afirmó Fernández a carlospazinforma. La letrada también responsabilizó a la Provincia y a GAMA, al afirmar que no respetaron la ley que declara a ese lugar reserva natural, y por ende, no se puede alterar con este tipo de construcciones. "Evidentemente sus proyectistas lo saben, esto es intencional, es todo un rédito económico a costas del patrimonio de la provincia. La reserva se declara para proteger la cuenca, el clima el suelo, etc. La empresa sabía que es una reserva, pero han proyectado y obtienen los avales pertinentes por las omisiones constitucionales de las autoridades, tanto el municipio de San Antonio como la Secretaría de Ambiente de Córdoba", sostuvo Fernández. Vale recordar que la jueza que tomó intervención ordenó paralizar las obras tras la presentación de una medida cautelar por parte de ADARSA que durará al menos 60 días. |
