Carlos Paz informa Policial & judicial ||
Fecha: 27/02/2013| Hora: 1:44 hs.
Desmonte de GAMA: Denuncian que San Antonio violó normas y aprobó factibilidad inexistente
<p><font size="2">Tras la suspensión momentánea del desmonte en un predio ubicado en San Antonio donde está proyectado el emprendimiento de la firma GAMA El Gran Dorado, l</font><span style="font-size: small">a asesora letrada de la organización ambientalista ADARSA apuntó a la Provincia, la empresa y el Departamento Ejecutivo de San Antonio.</span></p><p><font size="2">Marcela Fernández, hoy funcionaria municipal pero conocida por su lucha junto a vecinos de Sol y Río por la erradicación de la planta de EPEC (lindante al terreno que GAMA comenzó a desmontar en enero pasado) cargó contra la Municipalidad vecina, argumentando que violó reglamentaciones de la propia localidad y que otorgó una factibilidad inexistente.</font></p><p><font size="2">"La Municipalidad de San Antonio tiene responsabilidad porque otorga una factibilidad nula, basada en una resolución inexistente y violando y desconociendo las disposiciones de las propias resoluciones de la comuna (1008/2005) que establece que los lotes deben tener 2.500 metros como mínimo con una unidad de vivienda. Esto tampoco lo respetaron", afirmó Fernández a <strong><em>carlospazinforma</em></strong>.</font></p><p><font size="2">La letrada también responsabilizó a la Provincia y a GAMA, al afirmar que no respetaron la ley que declara a ese lugar reserva natural, y por ende, no se puede alterar con este tipo de construcciones.</font></p><p><font size="2">"Evidentemente sus proyectistas lo saben, esto es intencional, es todo un rédito económico a costas del patrimonio de la provincia. La reserva se declara para proteger la cuenca, el clima el suelo, etc. La empresa sabía que es una reserva, pero han proyectado y obtienen los avales pertinentes por las omisiones constitucionales de las autoridades, tanto el municipio de San Antonio como la Secretaría de Ambiente de Córdoba", sostuvo Fernández.</font></p><p><font size="2">Vale recordar que la jueza que tomó intervención ordenó paralizar las obras tras la presentación de una medida cautelar por parte de ADARSA que durará al menos 60 días.</font></p>
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