El intendente Esteban Avilés tomó, durante la semana pasada, dos decisiones de carácter judicial. Por un lado, el día viernes, la Municipalidad se ha constituido en querellante particular en la causa abierta con motivo del robo perpetrado en la sede del Centro de Educación Musical. En este sentido, Asesoría Letrada del municipio manifestó a través de un comunicado: "Alrededor de la medianoche del día 16 de abril pasado, sustrajeron del interior del CEM dinero en efectivo y documentación del Centro, a la vez que destruyeron e inutilizaron muebles y el disco rígido de la computadora del lugar. En esa presentación judicial, formalizada por la Asesoría Letrada del municipio, se ha requerido expresamente que el concejal Daniel Viale (UCR), bajo juramento y sujeto a las penalidades del falso testimonio, concrete judicialmente las sospechas que dejó entrever en la reunión de los Concejales con funcionarios del Ejecutivo Municipal, durante la cual sugirió imprudentemente presuntas responsabilidades que en el hecho le podrían corresponder a funcionarios o empleados municipales. De esta manera, ahora el municipio va a encargarse de seguir de cerca la investigación judicial y exigirá que el edil se haga cargo de sus expresiones". Por otra parte, el Intendente solicitó que el fiscal de turno investigue si hubo delito en el trámite del procedimiento administrativo que derivó en un convenio entre la Municipalidad y las dos Asociaciones de Artesanos reconocidas en nuestra Ciudad. "En virtud del acuerdo descripto se aceptó la donación de obras realizadas de buena fe por los artesanos, aunque sin autorización formal del municipio, todo ello a cambio de la tasa que les correspondía abonar por el uso del espacio público correspondiente al mes de enero de 2013. Cabe señalar que la medida adoptada por el Intendente también encuentra justificación en la reunión celebrada en el Concejo de Representantes el día 22 de Mayo y nuevamente tiene como protagonista al concejal Viale. Este funcionario aludió a supuestas irregularidades en el trámite administrativo y posteriormente, en diversas entrevistas periodísticas, manifestó que, si no renunciaban a sus cargos los funcionarios supuestamente responsables, habría de pedir la interpelación a los mismos y denunciar la situación en la Fiscalía. El Ejecutivo Municipal ha interpretado que es inadmisible que el concejal nombrado supedite su obligación como tal a una dimisión y por ello ha dispuesto requerir que el fiscal competente realice una pormenorizada investigación y, en tal sentido, entre la prueba que se propone, se requiere la comparecencia judicial de Viale, para que suministre judicialmente la información que sugirió tener en su poder respecto de este hecho", reza el comunicado en relación a las anomalías en el sistema admnistrativo de El Paseo de Artesanos. |
