| El proyecto de ordenanza anticorrupción, elaborado por la Fundación Ciudadanos 365 y la red de ONGs Córdoba Trasparente, tomó estado legislativo esta semana al ser presentada por el concejal Adrián Lizarriturri y promover su tratamiento tanto en comisión como en sesión. La propuesta tiene por objeto establecer procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativamente y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos. La denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de poner en conocimiento de la autoridad competente un acto de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción. El proyecto incluye cláusulas que implican la obligación de denunciar por parte de los funcionarios, las medidas administrativas para facilitar el acto de denuncia de un acto de corrupción, la denuncia de hostilidad o represalias laborales, la protección a denunciantes y testigos en todas sus formas y procedimientos. También, se incluyen los deberes de los funcionarios públicos en esta materia y las sanciones administrativas en sus diferentes tipos. |
