A través de un Proyecto de Comunicación, el concejal de Unión por Córdoba Adrián Lizarriturri, solicitó al Departamento Ejecutivo que defienda la constitucionalidad de la Ley Provincial Nº 9526, que prohíbe la actividad minera metalífera contaminante en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Esta reglamentación se encuentra en consonancia con el artículo 41° de la Constitución Nacional y el artículo 66° de la Constitución de la Provincia de Córdoba). En este sentido, Lizarriturri pidió que se realice un llamado a la reflexión ciudadana en el marco de la defensa de los derechos humanos y ambientales. "La ley que prohíbe la minería a cielo abierto de metales, uranio y torio está peligrando a partir del pedido de inconstitucionalidad que realizó la Cámara de los Mineros y la Asociación de Profesionales de CNEA ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ)", fundamentó el edil. Recientemente, el Tribunal aceptó la demanda y convocó a la Provincia para que fundamente la constitucionalidad de la ley. Esta decisión del máximo organismo de justicia de esta provincia ha generado alerta y preocupación en toda la población. "El Concejo de Representantes de Carlos Paz solicitó informes sobre las condiciones de contaminación de los afluentes y del Embalse Dique San Roque. Así también del posible impacto sobre los seres humanos y la fauna de la zona, producto de los desechos radioactivos del yacimiento uranífero ubicado en los Gigantes que van a parar al Arroyo el Cajón que desemboca en el Río San Antonio", explicó Lizarriturri. En este contexto, el edil justificó la defensa de la legislación vigente a favor de un ambiente sano y libre de contaminación. |
