El TSJ falló a favor de la Municipalidad para prestar el servicio de agua
 
Palacio municipal || Fecha: 12/12/2017| Hora: 19:56 hs.
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El Tribunal Superior de Justicia resolvió que la Municipalidad actuó "conforme a derecho" al haber dispuesto la extinción y cese del contrato de concesión oportunamente celebrado con la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo (COOPI), en la medida en que los plazos del acuerdo se encontraban "claramente extinguidos".
Esta información fue dada a conocer este jueves por la tarde y llega justo en medio de un nuevo conflicto entre la prestataria y el Ejecutivo, en este caso, por el servicio de cloacas.
De esta manera, y siempre según el fallo del TSJ, el municipio debe "asumir la prestación efectiva e inmediata del servicio de provisión de agua potable".

El cuerpo, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación planteado por la Municipalidad contra la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1.º Nominación, que había hecho lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por la COOPI. Esta última cuestionaba el decreto que había dispuesto la extinción del contrato de concesión y que había fijado el cronograma para llevar adelante el traspaso, al municipio, de los bienes y servicios oportunamente concesionados.

En la resolución, se esgrimió que "la municipalización del servicio público de provisión de agua potable en la ciudad de Villa Carlos surge de los propios postulados de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto impone a la administración la responsabilidad de garantizar la gestión efectiva de tal servicio a la comunidad, ya sea mediante el sistema de prestación directa o, bien, de forma indirecta a través de cooperativas de usuarios locales (artículos 69 y 70)".

En la misma dirección, los vocales recalcaron que era compatible con las disposiciones y principios que rigen en materia de Derecho Público provincial y municipal "la decisión de la Administración municipal de retomar la prestación del servicio a los fines de su prestación directa, una vez extinguido el contrato de concesión". En efecto, esta última es "una de las formas de que dispone la Administración a efectos de asegurar su continuidad, en tanto el servicio público no puede ser interrumpido frente a la ya declarada extinción del contrato de concesión".

 
 
 
 
 
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